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Los políticos las prefieren “eléctricas”

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(Por Santiago España) Seguramente estemos a punto de asistir al nacimiento de otro gran escándalo. Pudiera ser –no sería la primera vez- que, en los últimos años, los gigantes españoles de la energía se hayan aliado con influyentes políticos, al objeto de asegurarse grandes y jugosos beneficios, al mismo tiempo que han estado interpretando diferentes papeles y simulando una guerra sucia contra las energías más competitivas, las energías renovables.

Supongamos que Iberdrola, Gas Natural, Fenosa y Endesa y otras grandes empresas, emulando a miembros de un gran y poderoso club, hubiesen fichado desde el Parlamento a ex presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado... para defender sus intereses millonarios. Las energías limpias de España están teniendo una gran presión provocada por estas grandes compañías, con lo cual se le está arrebatando ese liderazgo que tenía España en el sector durante muchos años.

Como resultado tenemos que tres de esas grandes empresas, del oligopolio eléctrico, tienen unos beneficios de más de seis mil millones de euros anuales, mientras los ciudadanos pagan las facturas más altas de Europa con respecto a la energía eléctrica. Y el sector renovable agonizando.

 
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, donde se aprecian los vínculos entre estas grandes empresas y los políticos. Se pretende denunciar haciendo hincapié en las posibles  las consecuencias catastróficas, por lo que se defiende una investigación a fondo para analizar el tráfico de influencias. Para ello han recabado el apoyo de los ciudadanos, solicitando firmas que serán remitidas con posterioridad a la denuncia.

En la página web de  http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/ se puede leer lo siguiente:

"Desde 2007, más de 40 políticos han engrosado las filas de las grandes compañías eléctricas. Seis años después, los consumidores españoles pagamos la tercera electricidad más cara de la UE, mientras el margen de beneficios de las eléctricas españolas duplica el de la media Europea.

Ante la posible existencia de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la Px1NME ha decidido presentar una petición a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue si los flagrantes intereses de las 5 grandes eléctricas españolas van en detrimento de los consumidores y actúan como elemento determinante en el reiterado boicot a las energías renovables.

Horas después de hacer público el informe que reúne las evidencias que instan al comienzo de una investigación formal por parte de la Fiscalía, más de 40.000 miembros de Avaaz han respaldado la iniciativa, aportando en algunos casos su DNI para que su nombre conste en la denuncia original. Se espera alcanzar las 100.000 adhesiones en las próximas 24 horas.

Es la primera vez que la ciudadanía se atreve a poner en jaque a las grandes eléctricas, esperamos que la Fiscalía tenga en consideración los datos aportados y se decidan a actuar."

El poderoso lobby eléctrico ha podido convencer a los gobiernos españoles que son las renovables las causantes del déficit de tarifa. Nuestros ministros han sumido al sector en un verdadero caos regulatorio, con medidas retroactivas y que han sido recurridas tanto dentro como fuera de España. También en enero se estrenaron con una moratoria a las renovables y no han dejado de filtrarse medidas perjudiciales y discriminatorias contra las energías limpias.

La opinión de Bruselas es distinta. La Comisión Europea ya transmitió, en mayo, una recomendación al Gobierno español: "las verdaderas causas del déficit tarifario son la falta de competencia en el sector energético y una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas".

Algunas grandes empresas españolas cuentan con ex políticos entre sus consejeros o asesores, muy especialmente las energéticas, donde estos fichajes se han prodigado. Aportan un activo muy importante: sus contactos.

El caso más reciente es el de la ex ministra de Economía, Elena Salgado. Pero hay muchos más. Otros políticos colaboran con empresas, como los ex presidentes de gobierno, Felipe González y José María Aznar, consejero de Gas Natural FENOSA y asesor de ENDESA respectivamente. Esta última, ENDESA, ya fue privatizada por Aznar cuando gobernaba.

Estos ex presidentes reciben 82.000 euros de forma vitalicia, pero sus actividades privadas no son incompatibles como si lo serian para cualquier funcionario.

El ex ministro de Economía y también ex comisario de la U.E., Pedro Solbes, es consejero de administración de la empresa italiana ENEL que tiene el 92% de la española ENDESA.

El padre de la Constitución Española, Miquel Roca, es vocal del consejo de administración de ENDESA.

El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó su cargo de miembro del Comité de nombramientos y retribuciones de ENDESA para incorporarse el Gobierno.

En la empresa Red Eléctrica, encargada de gestionar el transporte eléctrico en España y participada en un 20% por capital público, tenemos a Miguel Boyer como consejero. En la misma empresa están el ex ministro de Agricultura, Luis María Atienza; José Folgado, secretario de Estado con Aznar y la ex diputada socialista Arantxa Mendizábal y otra ex ministra de Sanidad y Consumo, María de los Ángeles Amador.

REPSOL cuenta en su consejo con Luis Carlos Croissier Batista, que fue ministro de Industria y Energía con Felipe González.

Narcis Serra ocupó el cargo de consejero de Gas Natural desde abril de 2008 hasta diciembre de 2012.

Algo tendrá que ver el que estemos pagando las tarifas eléctricas más caras de Europa, puesto que hay que pagar mucho a tanto político.

En 10 años, el recibo de la luz ha subido más del 81%. FACUA-Consumidores en Acción acusó a los gobiernos españoles de "plegarse a los intereses de las eléctricas".

Todo esto, supone que los políticos deben llevar años machacando a las renovables para complacer a las grandes empresas eléctricas que les ponen en sus nóminas y les colocan como altos cargos. Y por ello ya hay suficientes evidencias como para solicitar que la fiscalía actúe.

Se ha presentado la denuncia con 50.000 adhesiones y más de 90.000 firmas apoyando.

Y el plazo para unirse sigue abierto. 

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